Lawfare llegando. Lawfare ya trabajando.

Lawfare: la nueva amenaza jurídica que erosiona la democracia desde América Latina hasta Europa

En las últimas décadas, la instrumentalización del poder judicial con fines políticos se ha convertido en una estrategia recurrente en muchas democracias del mundo. Este fenómeno, conocido como lawfare —una combinación de las palabras "law" (ley) y "warfare" (guerra)—, implica el uso de leyes y sistemas judiciales no como mecanismos de justicia, sino como armas para desacreditar, inhabilitar o encarcelar a adversarios políticos. Si bien el concepto ha cobrado fuerza a raíz de acontecimientos en América Latina, como los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Pedro Castillo en Perú, hoy su sombra se extiende peligrosamente por Europa, tocando ya a países como Portugal y España.

Este fenómeno, lejos de detenerse, avanza silenciosamente hacia una erosión de las libertades fundamentales. Un ejemplo preocupante en el contexto europeo es el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que propone sanciones contra las protestas estudiantiles en las universidades públicas. Esta medida, aún en fase de propuesta, refleja un patrón que ya hemos visto antes: primero se acorrala judicialmente a figuras políticas incómodas, y luego se normalizan restricciones a derechos fundamentales como la protesta y la libertad de expresión.

El lawfare en América Latina: el laboratorio de la persecución judicial

El término lawfare fue popularizado por el jurista estadounidense Charles J. Dunlap Jr. en un artículo del año 2001, pero fue en América Latina donde adquirió un carácter político evidente. Uno de los casos paradigmáticos es el de Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil. En 2018, Lula fue condenado por corrupción en un proceso liderado por el entonces juez Sérgio Moro, quien más tarde se convertiría en ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, principal adversario político del expresidente. En 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló las condenas contra Lula por irregularidades en el proceso judicial, lo que confirmó la instrumentalización de la justicia para eliminarlo como contendiente electoral.

Otro caso revelador es el del expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado en 2022 tras intentar disolver el Congreso en medio de un enfrentamiento institucional. Si bien su maniobra fue interpretada como un intento de golpe, también es cierto que Castillo fue víctima de un acoso constante por parte del poder judicial, el Congreso y los medios, desde el inicio de su mandato. El lawfare en Perú se manifiesta en una estructura profundamente elitista y racista que no toleró a un presidente de origen rural y sindicalista en el poder.

Ambos casos comparten elementos clave: procesos judiciales acelerados, condenas basadas en pruebas endebles o testimonios obtenidos bajo presión, y una cobertura mediática sesgada que preparó a la opinión pública para aceptar la criminalización de líderes populares. En todos los casos, los aparatos judiciales no actuaron como árbitros imparciales, sino como actores políticos alineados con intereses económicos y mediáticos.

La expansión hacia Europa: Portugal y España, nuevas fronteras del lawfare

Si bien Europa se percibía hasta hace poco como un bastión democrático más estable, la expansión del lawfare está rompiendo ese espejismo. En Portugal, recientemente se ha desatado una tormenta política tras el proceso judicial conocido como "Operación Influencer", que llevó a la dimisión del primer ministro António Costa. Aunque las acusaciones de corrupción eran aún preliminares y sin pruebas concluyentes, el solo anuncio de la investigación bastó para tumbar al gobierno. La rapidez con la que se propagó el escándalo mediáticamente, sin que se hubieran establecido culpabilidades claras, refleja una dinámica que recuerda peligrosamente a los casos latinoamericanos.

 

En España, el uso político del aparato judicial ha sido una constante en los últimos años, particularmente en torno a la cuestión catalana. Líderes independentistas como Oriol Junqueras fueron condenados por delitos de sedición en procesos cargados de controversia jurídica y motivación política. Pero el fenómeno está comenzando a expandirse a nuevos terrenos, donde no sólo se busca reprimir el independentismo, sino también acallar el disenso social más amplio.

Uno de los desarrollos más alarmantes es la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de imponer sanciones administrativas a estudiantes y profesores que participen en protestas dentro de los campus universitarios. Esta medida, presentada como una forma de mantener el orden y la neutralidad en espacios académicos, en realidad busca sofocar la expresión crítica, especialmente en un momento en que las movilizaciones estudiantiles por la situación en Palestina y otros temas han cobrado fuerza.

De la criminalización de líderes al castigo del ciudadano: la segunda fase del lawfare

Lo que inicialmente fue una estrategia para neutralizar a figuras políticas de izquierda o disidentes, ahora se convierte en un mecanismo para limitar las libertades de la ciudadanía en general. Esto marca una segunda fase del lawfare: la represión preventiva de la movilización social.

En la Comunidad de Madrid, las sanciones propuestas contra protestas en universidades incluyen multas económicas y medidas disciplinarias, incluso la posible expulsión de estudiantes. Esta política se presenta bajo el discurso de la “neutralidad política”, pero lo que se busca es desactivar el papel histórico que han tenido las universidades como espacios de pensamiento crítico y acción colectiva.

La normalización del castigo al activismo estudiantil es un síntoma claro de cómo la lógica del lawfare ha penetrado más allá de los tribunales. Ya no basta con encarcelar a líderes: ahora se pretende disciplinar a la sociedad en su conjunto, para evitar que surjan nuevas resistencias. Se legisla no para proteger libertades, sino para impedirlas.

La colaboración entre jueces, medios y élites económicas

Uno de los factores que facilita la expansión del lawfare es la alianza estratégica entre el poder judicial, los medios de comunicación y las élites económicas. En todos los casos mencionados, los grandes conglomerados mediáticos han jugado un papel esencial en fabricar consensos sociales que justifican la criminalización. Se utiliza la figura de la “corrupción” como un pretexto, aunque no haya pruebas claras, para erosionar la legitimidad de los líderes incómodos al statu quo.

Esto ocurre porque el lawfare no necesita demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable; le basta con instalar sospechas, generar ruido y desestabilizar políticamente. Es un mecanismo que opera en el terreno de la percepción pública antes que en el de la justicia objetiva.

La consecuencia más grave de este fenómeno no es solo la destrucción de carreras políticas o la desmovilización social, sino el debilitamiento de la democracia misma. Cuando la ley deja de ser un instrumento de equidad y se convierte en un arma para defender intereses particulares, se rompe el contrato social que sostiene el Estado de derecho.

¿Hacia dónde vamos?: del lawfare a la autocracia liberal

Si la tendencia actual no se revierte, Europa corre el riesgo de caer en una forma de autocracia liberal, donde los procedimientos democráticos formales se mantienen, pero los derechos reales de participación, protesta y expresión son limitados o penalizados. El uso del derecho como arma política puede comenzar con líderes polémicos o impopulares, pero acaba afectando a todos los ciudadanos.

En este sentido, las políticas restrictivas en espacios educativos son especialmente peligrosas. Si se elimina la posibilidad de expresar disenso en las universidades, uno de los últimos bastiones de libertad crítica, se debilita gravemente la capacidad de la sociedad para resistir el avance autoritario.

El caso de Madrid no es una excepción, sino un indicio de hacia dónde puede derivar el modelo europeo si no se reconocen a tiempo los mecanismos del lawfare y se les enfrenta con políticas de transparencia, garantías judiciales y defensa activa de los derechos fundamentales.

Conclusión: resistir el lawfare, defender la democracia

El lawfare representa una de las amenazas más sutiles pero más eficaces contra la democracia del siglo XXI. Su fuerza reside en que actúa desde dentro del sistema, disfrazado de legalidad y tecnicismo, mientras mina los pilares de la justicia y la participación ciudadana.

Desde Lula da Silva hasta Pedro Castillo, desde Portugal hasta Madrid, los casos analizados nos muestran que nadie está a salvo cuando la ley se convierte en una herramienta de persecución. Es urgente que la sociedad civil, los movimientos sociales, las instituciones académicas y los organismos internacionales denuncien y vigilen estos procesos.

Resistir el lawfare no es sólo una cuestión de solidaridad con los líderes perseguidos; es una defensa vital del derecho de todos a disentir, protestar y participar libremente en la vida política. La democracia no se defiende sola: necesita ciudadanos informados, activos y comprometidos con la justicia y la libertad.

Más que un argayu, un aviso.

 

El pasado domingo, a eso de las 10 de la mañana, se producía a la altura del túnel de Entrerregueras en la autopista del Huerna, ya en territorio asturiano, un deslizamiento parcial de la ladera de la AP-66. El accidente geológico, conocido en asturiano como "argayu" o “fana”, recordó de una manera súbita la fragilidad geotécnica de esta región montañosa de la Cordillera Cantábrica. La interrupción de la circulación de vehículos en este punto clave ha generado preocupaciones no solo en términos de interrupción de la comunicación, sino también en lo que respecta a la seguridad de las infraestructuras viales montañosas.

Comentar que ,la zona afectada se caracteriza por un terreno predominantemente formado por lutitas, pizarras y areniscas, dispuestas en estratos subverticales y que, con el tiempo, tanto el propio macizo rocoso como las medidas de sostenimiento  dispuestas, van sufriendo un progresivo deterioro y que puede desencadenar en este tipo de incidentes, sin mediar un elemento desencadenante concreto. La razón principal de este deslizamiento, por tanto, se encuentra en las condiciones intrínsecas del terreno: un continuo proceso de meteorización que ha debilitado las discontinuidades naturales de la roca, haciéndola más susceptible a los deslizamientos, especialmente tras episodios cíclicos de lluvias intensas que saturan el terreno y disminuyen la cohesión entre los estratos. Estos episodios no se han dado en las últimas fechas, pero su acumulación en el tiempo sumado a un talud que se encontraba al límite de su equilibrio, es sin duda el combinado perfecto para una eventualidad como esta. 

 

Este fenómeno salta ahora a los medios como un hecho aislado, pero no es otra cosa más que un indicativo de la degradación paulatina que sufren este tipo de  laderas en vías de comunicación construidas ya hace décadas y que aparentemente no avisan de su aumento de fragilidad. La meteorización rocosa, la alteración de los elementos que condicionan el equilibrio del talud, unido seguramente a la erosión en zonas clave del talud han afectado su estabilidad, lo que ha facilitado el desprendimiento de material en forma de un "argayu" de grandes dimensiones. La exposición prolongada a los agentes atmosféricos ha reducido la capacidad de la roca para mantenerse lo suficientemente unida en sus planos de fractura como para que se mantenga estática.

Ante esta situación, y el perjuicio inmediato que a la comunicación viaria se somete, la sociedad requiere de manera urgente la necesidad de limpiar el material deslizado para restablecer la circulación. Sin embargo, los trabajos de excavación deberán realizarse con extrema precaución. Retirar el material de forma desordenada y apresurada agrava la situación, generando nuevas inestabilidades que pondrían en peligro tanto a los trabajadores que acometan estas labores como a las partes adyacentes de la infraestructura. Es importante destacar que los puntos críticos donde se desea intervenir con mayor celeridad se encuentran en la base del deslizamiento. Si se comienza a excavar en estas zonas sin un plan adecuado, se corre el riesgo de desestabilizar el nuevo talud recién formado, lo que podría dar lugar a desprendimientos adicionales en cadena.

Por ello, aunque pueda parecer más complejo, la recomendación técnica es iniciar la retirada del material desde la parte más exterior del deslizamiento y, cuanto más arriba en el talud, mejor. Este enfoque permite reducir la carga sobre los puntos críticos en la base y evita comprometer la estabilidad global de la ladera. Además, para minimizar riesgos, es esencial implementar un monitoreo geotécnico en tiempo real para detectar movimientos potenciales durante las labores de despeje.

En paralelo a las labores de limpieza, el Ministerio está evaluando, con buen criterio la posibilidad de construir un by-pass temporal en las inmediaciones de la zona afectada. Esta solución, que contemplaría una calzada por sentido, permitirá restablecer el flujo vehicular de forma provisional, aliviando la presión social de tener cerrada la vía principal y proporcionaría un valioso margen de tiempo para llevar a cabo un estudio exhaustivo de la estabilidad del talud en su estado actual. Este análisis es vital para el proceso de re-estabilización de esta ladera, con el fin de proponer una geometría de talud estable a largo plazo.

Este deslizamiento en Telledo debe tomarse como un claro aviso de la montaña. No se trata de alarmismo, sino de una llamada de atención para llevar a cabo un análisis más exhaustivo del estado de las laderas tanto en Asturias, que tiene una enorme cantidad de carreteras y vías férreas excavadas en la montaña, como extensible a toda infraestructura de montaña en otros lugares. Los argayos seguirán produciéndose con total seguridad en el futuro, pero detectar este riesgo y adelantarse a sus consecuencias es algo más que conveniente. Es fundamental apostar por esta “geotecnia preventiva” y realizar inspecciones periódicas que permitan detectar debilidades en los taludes antes de que se conviertan en problemas graves.

Valga este incidente como punto de inflexión para comenzar a implementar medidas preventivas que incluyan un aumento en la frecuencia de inspección, la comprobación de los sostenimientos instalados e incluso la mejora de los sistemas de drenaje, con el objetivo de reducir la entrada de agua en el terreno, y en su caso optar por el diseño de refuerzos permanentes adicionales, como muros, bulonados adicionales y/o redes de contención, en las zonas identificadas como de alto riesgo. Las inspecciones geotécnicas regulares son clave para proyectar intervenciones preventivas que garanticen la seguridad de esta infraestructura crítica.

Aunque las primeras estimaciones indicaban que los trabajos de estabilización y limpieza del talud podrían extenderse durante un tiempo considerable, manteniendo la conexión más directa entre Asturias y la meseta cortada durante tiempo, se puede asegurar que el tráfico se podrá restablecer en días, si bien volver a ver esta ladera estabilizada y los cuatro carriles habilitados llevará más tiempo, por la necesidad de un enfoque técnico riguroso y un plan de ejecución controlado, para su restitución.

Esperemos que más allá de eso, la montaña también haya dado una lección a futuro que ayude a implementar procedimientos que permitan auscultar de un modo continuo taludes de riesgo, y que el potencial siguiente deslizamiento pueda ser detectado con anticipación suficiente como para actuar antes de que se produzca, sobre todo en vías de tanto tráfico e importancia como vía de comunicación.