Lawfare: la nueva amenaza jurídica que erosiona la democracia desde América Latina hasta Europa
En las últimas décadas, la instrumentalización del poder judicial con fines políticos se ha convertido en una estrategia recurrente en muchas democracias del mundo. Este fenómeno, conocido como lawfare —una combinación de las palabras "law" (ley) y "warfare" (guerra)—, implica el uso de leyes y sistemas judiciales no como mecanismos de justicia, sino como armas para desacreditar, inhabilitar o encarcelar a adversarios políticos. Si bien el concepto ha cobrado fuerza a raíz de acontecimientos en América Latina, como los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Pedro Castillo en Perú, hoy su sombra se extiende peligrosamente por Europa, tocando ya a países como Portugal y España.
Este fenómeno, lejos de detenerse, avanza silenciosamente hacia una erosión de las libertades fundamentales. Un ejemplo preocupante en el contexto europeo es el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que propone sanciones contra las protestas estudiantiles en las universidades públicas. Esta medida, aún en fase de propuesta, refleja un patrón que ya hemos visto antes: primero se acorrala judicialmente a figuras políticas incómodas, y luego se normalizan restricciones a derechos fundamentales como la protesta y la libertad de expresión.
El lawfare en América Latina: el laboratorio de la persecución judicial
El término lawfare fue popularizado por el jurista estadounidense Charles J. Dunlap Jr. en un artículo del año 2001, pero fue en América Latina donde adquirió un carácter político evidente. Uno de los casos paradigmáticos es el de Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil. En 2018, Lula fue condenado por corrupción en un proceso liderado por el entonces juez Sérgio Moro, quien más tarde se convertiría en ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, principal adversario político del expresidente. En 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló las condenas contra Lula por irregularidades en el proceso judicial, lo que confirmó la instrumentalización de la justicia para eliminarlo como contendiente electoral.
Otro caso revelador es el del expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado en 2022 tras intentar disolver el Congreso en medio de un enfrentamiento institucional. Si bien su maniobra fue interpretada como un intento de golpe, también es cierto que Castillo fue víctima de un acoso constante por parte del poder judicial, el Congreso y los medios, desde el inicio de su mandato. El lawfare en Perú se manifiesta en una estructura profundamente elitista y racista que no toleró a un presidente de origen rural y sindicalista en el poder.
Ambos casos comparten elementos clave: procesos judiciales acelerados, condenas basadas en pruebas endebles o testimonios obtenidos bajo presión, y una cobertura mediática sesgada que preparó a la opinión pública para aceptar la criminalización de líderes populares. En todos los casos, los aparatos judiciales no actuaron como árbitros imparciales, sino como actores políticos alineados con intereses económicos y mediáticos.
La expansión hacia Europa: Portugal y España, nuevas fronteras del lawfare
Si bien Europa se percibía hasta hace poco como un bastión democrático más estable, la expansión del lawfare está rompiendo ese espejismo. En Portugal, recientemente se ha desatado una tormenta política tras el proceso judicial conocido como "Operación Influencer", que llevó a la dimisión del primer ministro António Costa. Aunque las acusaciones de corrupción eran aún preliminares y sin pruebas concluyentes, el solo anuncio de la investigación bastó para tumbar al gobierno. La rapidez con la que se propagó el escándalo mediáticamente, sin que se hubieran establecido culpabilidades claras, refleja una dinámica que recuerda peligrosamente a los casos latinoamericanos.
En España, el uso político del aparato judicial ha sido una constante en los últimos años, particularmente en torno a la cuestión catalana. Líderes independentistas como Oriol Junqueras fueron condenados por delitos de sedición en procesos cargados de controversia jurídica y motivación política. Pero el fenómeno está comenzando a expandirse a nuevos terrenos, donde no sólo se busca reprimir el independentismo, sino también acallar el disenso social más amplio.
Uno de los desarrollos más alarmantes es la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de imponer sanciones administrativas a estudiantes y profesores que participen en protestas dentro de los campus universitarios. Esta medida, presentada como una forma de mantener el orden y la neutralidad en espacios académicos, en realidad busca sofocar la expresión crítica, especialmente en un momento en que las movilizaciones estudiantiles por la situación en Palestina y otros temas han cobrado fuerza.
De la criminalización de líderes al castigo del ciudadano: la segunda fase del lawfare
Lo que inicialmente fue una estrategia para neutralizar a figuras políticas de izquierda o disidentes, ahora se convierte en un mecanismo para limitar las libertades de la ciudadanía en general. Esto marca una segunda fase del lawfare: la represión preventiva de la movilización social.
En la Comunidad de Madrid, las sanciones propuestas contra protestas en universidades incluyen multas económicas y medidas disciplinarias, incluso la posible expulsión de estudiantes. Esta política se presenta bajo el discurso de la “neutralidad política”, pero lo que se busca es desactivar el papel histórico que han tenido las universidades como espacios de pensamiento crítico y acción colectiva.
La normalización del castigo al activismo estudiantil es un síntoma claro de cómo la lógica del lawfare ha penetrado más allá de los tribunales. Ya no basta con encarcelar a líderes: ahora se pretende disciplinar a la sociedad en su conjunto, para evitar que surjan nuevas resistencias. Se legisla no para proteger libertades, sino para impedirlas.
La colaboración entre jueces, medios y élites económicas
Uno de los factores que facilita la expansión del lawfare es la alianza estratégica entre el poder judicial, los medios de comunicación y las élites económicas. En todos los casos mencionados, los grandes conglomerados mediáticos han jugado un papel esencial en fabricar consensos sociales que justifican la criminalización. Se utiliza la figura de la “corrupción” como un pretexto, aunque no haya pruebas claras, para erosionar la legitimidad de los líderes incómodos al statu quo.
Esto ocurre porque el lawfare no necesita demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable; le basta con instalar sospechas, generar ruido y desestabilizar políticamente. Es un mecanismo que opera en el terreno de la percepción pública antes que en el de la justicia objetiva.
La consecuencia más grave de este fenómeno no es solo la destrucción de carreras políticas o la desmovilización social, sino el debilitamiento de la democracia misma. Cuando la ley deja de ser un instrumento de equidad y se convierte en un arma para defender intereses particulares, se rompe el contrato social que sostiene el Estado de derecho.
¿Hacia dónde vamos?: del lawfare a la autocracia liberal
Si la tendencia actual no se revierte, Europa corre el riesgo de caer en una forma de autocracia liberal, donde los procedimientos democráticos formales se mantienen, pero los derechos reales de participación, protesta y expresión son limitados o penalizados. El uso del derecho como arma política puede comenzar con líderes polémicos o impopulares, pero acaba afectando a todos los ciudadanos.
En este sentido, las políticas restrictivas en espacios educativos son especialmente peligrosas. Si se elimina la posibilidad de expresar disenso en las universidades, uno de los últimos bastiones de libertad crítica, se debilita gravemente la capacidad de la sociedad para resistir el avance autoritario.
El caso de Madrid no es una excepción, sino un indicio de hacia dónde puede derivar el modelo europeo si no se reconocen a tiempo los mecanismos del lawfare y se les enfrenta con políticas de transparencia, garantías judiciales y defensa activa de los derechos fundamentales.
Conclusión: resistir el lawfare, defender la democracia
El lawfare representa una de las amenazas más sutiles pero más eficaces contra la democracia del siglo XXI. Su fuerza reside en que actúa desde dentro del sistema, disfrazado de legalidad y tecnicismo, mientras mina los pilares de la justicia y la participación ciudadana.
Desde Lula da Silva hasta Pedro Castillo, desde Portugal hasta Madrid, los casos analizados nos muestran que nadie está a salvo cuando la ley se convierte en una herramienta de persecución. Es urgente que la sociedad civil, los movimientos sociales, las instituciones académicas y los organismos internacionales denuncien y vigilen estos procesos.
Resistir el lawfare no es sólo una cuestión de solidaridad con los líderes perseguidos; es una defensa vital del derecho de todos a disentir, protestar y participar libremente en la vida política. La democracia no se defiende sola: necesita ciudadanos informados, activos y comprometidos con la justicia y la libertad.
